Nos enfrentamos a un reino del caos. Desde que comenzó su segundo mandato, Trump ha aprobado una orden ejecutiva tras otra para aplicar sus políticas. Cuando no consigue que el poder legislativo apruebe una ley, simplemente ordena que se haga. Cuando se presentan demandas contra él, las ignora. Cuando los jueces le ordenan que deje de actuar, los amenaza.
Trump hizo caso omiso de la decisión del Tribunal Supremo de que Kilmar Abrego García, un hombre que se encontraba legalmente en Estados Unidos y que había sido enviado a la notoria prisión CECOT de El Salvador, debía ser devuelto. Esto no debería ser una sorpresa. Cuando asumió el cargo, el Tribunal Supremo le concedió la máxima « carta para salir de la cárcel». Se le concedió total inmunidad judicial en el desempeño de sus funciones como presidente.
En general, el Tribunal Supremo ha seguido las órdenes de Trump. Ha respondido a la petición de Trump de tomar una serie de decisiones de emergencia cuando fue cuestionado por tribunales inferiores. Anuló sentencias que retrasarían o detendrían el secuestro y la deportación de personas sin ningún juicio o audiencia. El Tribunal Supremo se apresuró a permitir que Trump despidiera a miembros de la Junta Nacional de Relaciones Laborales simplemente por no estar de acuerdo con él.
Más recientemente, el Tribunal permitió que Trump avanzara en la prohibición de que todas las personas transgénero puedan servir en el ejército. Actualmente hay más de 4.000 personas transgénero en todos los niveles del ejército.
Ahora, Trump pide al Tribunal Supremo que revoque el estatus legal de más de 500.000 inmigrantes. En un caso que se verá a finales de mes, también se cuestionan los derechos de los ciudadanos naturalizados.
Con una mayoría de republicanos en la Cámara de Representantes, el Senado y el Tribunal Supremo, los llamados controles y balances están en manos de un solo hombre.
A pesar de esto, los demócratas siguen apuntando a las decisiones judiciales como una forma de detener el desenfreno de la administración Trump sobre nuestros derechos y beneficios. Medicaid, la Seguridad Social y otros programas básicos están bajo el hacha en la actual propuesta de presupuesto, junto con miles de millones de dólares en exenciones fiscales para los ricos.
Muchos han llamado esto de crisis constitucional. Pero, en realidad, la falsa neutralidad de los tribunales ha quedado al descubierto. Las acciones del poder legislativo y de los tribunales no deberían sorprendernos en absoluto. Siempre han existido para defender los intereses de los ricos que controlan este sistema. Simplemente es más flagrante bajo la despiadada agenda de Trump.
Y aquellos que sí creen en la defensa de los derechos democráticos básicos se enfrentan a amenazas y acoso. Por ejemplo, la jueza de Wisconsin Hannah Dugan fue arrestada por el FBI por defender los derechos legales de un hombre que comparecía ante su tribunal para una audiencia de inmigración.
Esto puede parecer confuso. El Tribunal Supremo tiene fama de defender nuestros derechos debido a casos tan conocidos como Brown contra el Consejo de Educación y Roe contra Wade. En realidad, la mayor parte del tiempo mantiene los intereses corporativos que dominan nuestra sociedad.
Esas decisiones y otros casos destacados, en los que se defendieron los derechos de las personas, no fueron el resultado del compromiso del Tribunal con los derechos fundamentales. Fueron el resultado de movimientos sociales masivos. Y los tribunales sirven como herramienta para absorber, redirigir e institucionalizar esos movimientos.
Brown v. el Consejo de Educación fue una respuesta al creciente Movimiento por los Derechos Civiles. La segregación era también un obstáculo para la dominación corporativa estadounidense del mundo. ¿Cómo podía Estados Unidos pretender representar la democracia, especialmente ante los pueblos de África, cuando la población negra de Estados Unidos existía en régimen de servidumbre como ciudadanos de segunda clase?
Del mismo modo, la decisión Roe contra Wade fue una respuesta al Movimiento de Mujeres. Para los que estaban en el poder, el derecho de las mujeres al aborto no era una amenaza. La economía estaba cambiando y cada vez más mujeres recibían educación y se incorporaban al mercado laboral, lo que podía beneficiar a la economía. Pero, a medida que el ímpetu del Movimiento de las Mujeres disminuía, las crecientes fuerzas de extrema derecha ganaron poder político, y el Tribunal Supremo conservador anuló el caso Roe contra Wade, en contra de la opinión popular.
Este sistema político, con sus legislaturas y tribunales, nunca ha representado los intereses de la mayoría. Especialmente no los de la clase trabajadora, cuyo trabajo produce la riqueza de esta sociedad y es responsable de su funcionamiento cotidiano. Si algo podemos aprender de la arrogancia de Trump y su gabinete de multimillonarios es cómo funciona este sistema y para quién funciona. El racismo, el sexismo, los prejuicios antiinmigrantes que creó y mantiene sirven a un propósito: mantenernos divididos. Nuestra verdadera historia, la que intentan destrozar, nos muestra que las únicas ganancias que podemos obtener son cuando nos mantenemos unidos. Está claro. No necesitamos a quienes nos gobiernan.
Podemos cuidar de nosotros mismos, sin problemas. Como dice el dicho: «No es tiempo de lamentar, es tiempo de organizar».
